(Patricia Troncoso en uno de sus numerosos traslados a hospitales) Organizaciones denuncian
política estatal sistemática de represión contra los Mapuche
Una cincuentena de organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, centrales sindicales y comunidades, señalaron en carta a la Presidenta Bachelet que “está en sus manos la restauración de la paz social en la Araucanía, por la vía de dar soluciones legales y democráticas a las demandas territoriales, políticas y culturales del Pueblo Mapuche”.
A horas de que se vote en el Parlamento la ratificación por parte del Estado chileno del Convenio 169 de la OIT, que reconoce derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil manifestaron en las afueras de La Moneda su preocupación por la situación que hoy aflige a los mapuche, en especial a Patricia Troncoso, dirigente que se encuentra en huelga de hambre desde hace ya casi 90 días. En una carta a la Presidenta Bachelet expresaron su indignación y dolor por el asesinato del joven mapuche de 22 años, Matías Catrileo, perpetrado por personal de Carabineros de Chile, el que consideran como”una muerte predecible, y por lo tanto evitable”.
”Patricia representa a todos los presos políticos de origen Mapuche en Chile. Demandamos que se la escuche, así como al resto de los dirigentes mapuches detenidos, y solicitamos se respete el acuerdo de conformar una Mesa de Trabajo para dialogar sobre sus demandas”, señalaron. Paulina Acevedo, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, señaló que “es importante que se comiencen a abordar los temas de fondo frente a este mal llamado conflicto mapuche. Los problemas que generan la protesta de este pueblo no son nuevos sino que históricos de larga data, los que se ven intensificados por los proyectos de inversión nacionales y extranjeros que se instalan en sus territorios”. En la carta reiteraron la necesidad de que se mejoren las condiciones de reclusión de Patricia Troncoso, así como se resguarde su salud y se revisen sus procesos, a fin de cautelar que los mismos se hayan ajustado a condiciones de legalidad, justicia, imparcialidad y proporcionalidad. “El Estado ha sido indolente en la atención a las demandas de política territorial, traspaso de tierras, autonomía y derechos ancestrales del pueblo mapuche. Creemos, en este sentido, necesaria y urgente la ratificación por parte del Estado chileno del Convenio 169 de la OIT y del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, ambas aspiraciones de larga data de estos pueblos”, explicaron.
Miguel Santibáñez, presidente de la Asociación Chilena de ONG ACCIÓN, que reúne a más de 70 organizaciones, señaló el apoyo de las ONGs a las reivindicaciones de los pueblos indígenas y manifestó su apoyo y respaldo a las organizaciones que trabajan por los derechos de los pueblos. El dirigente considera “irresponsable la falta de respuesta por parte del gobierno que aún no ha conformado un espacio de diálogo ni ha escuchado estas demandas”. Rechazaron también el intento que se urde en el Congreso Nacional, por reducir los derechos que se garantizan en el Convenio 169, señalando que “tampoco aceptaremos declaraciones Interpretativas que minimicen los estándares de reconocimiento de los derechos de estos pueblos”.
A juicio de Eduardo Giesen, representante de CODEFF, esta situación es una criminalización de las legítimas demandas de las comunidades. “Por ello, demandamos al gobierno terminar con esta situación de injusticia institucionalizada, asumiendo una política activa de respeto y defensa de los derechos humanos y ancestrales del pueblo mapuche”. “Creemos que su Gobierno, aún está en condiciones de efectuar cambios y promover una política activa de reconocimiento y diálogo, y puede hacerlo por la vía de responder a los requerimientos que le han planteado los Organismos Internacionales de los cuales el Estado forma parte”, afirman.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas impone al Estado de Chile el plazo de un año para atender a la demanda de tierras indígenas por la vía de la titulación de "las tierras antiguas", las que según expresa el Comité "continúan en peligro, debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía", lo que atenta contra los artículos 1 y 27 del pacto de Derechos Civiles y Políticos. “Es evidente que está en sus manos la restauración de la paz social en la Araucanía, por la vía de dar soluciones legales y democráticas a las demandas territoriales, políticas y culturales del Pueblo Mapuche”, concluyeron en su carta a la presidenta. Las organizaciones se dirigieron luego a la sede del Senado en Santiago para entregar una carta dirigida al Presidente de la entidad, senador Eduardo Frei.
Una cincuentena de organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, centrales sindicales y comunidades, señalaron en carta a la Presidenta Bachelet que “está en sus manos la restauración de la paz social en la Araucanía, por la vía de dar soluciones legales y democráticas a las demandas territoriales, políticas y culturales del Pueblo Mapuche”.
A horas de que se vote en el Parlamento la ratificación por parte del Estado chileno del Convenio 169 de la OIT, que reconoce derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil manifestaron en las afueras de La Moneda su preocupación por la situación que hoy aflige a los mapuche, en especial a Patricia Troncoso, dirigente que se encuentra en huelga de hambre desde hace ya casi 90 días. En una carta a la Presidenta Bachelet expresaron su indignación y dolor por el asesinato del joven mapuche de 22 años, Matías Catrileo, perpetrado por personal de Carabineros de Chile, el que consideran como”una muerte predecible, y por lo tanto evitable”.
”Patricia representa a todos los presos políticos de origen Mapuche en Chile. Demandamos que se la escuche, así como al resto de los dirigentes mapuches detenidos, y solicitamos se respete el acuerdo de conformar una Mesa de Trabajo para dialogar sobre sus demandas”, señalaron. Paulina Acevedo, del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, señaló que “es importante que se comiencen a abordar los temas de fondo frente a este mal llamado conflicto mapuche. Los problemas que generan la protesta de este pueblo no son nuevos sino que históricos de larga data, los que se ven intensificados por los proyectos de inversión nacionales y extranjeros que se instalan en sus territorios”. En la carta reiteraron la necesidad de que se mejoren las condiciones de reclusión de Patricia Troncoso, así como se resguarde su salud y se revisen sus procesos, a fin de cautelar que los mismos se hayan ajustado a condiciones de legalidad, justicia, imparcialidad y proporcionalidad. “El Estado ha sido indolente en la atención a las demandas de política territorial, traspaso de tierras, autonomía y derechos ancestrales del pueblo mapuche. Creemos, en este sentido, necesaria y urgente la ratificación por parte del Estado chileno del Convenio 169 de la OIT y del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, ambas aspiraciones de larga data de estos pueblos”, explicaron.
Miguel Santibáñez, presidente de la Asociación Chilena de ONG ACCIÓN, que reúne a más de 70 organizaciones, señaló el apoyo de las ONGs a las reivindicaciones de los pueblos indígenas y manifestó su apoyo y respaldo a las organizaciones que trabajan por los derechos de los pueblos. El dirigente considera “irresponsable la falta de respuesta por parte del gobierno que aún no ha conformado un espacio de diálogo ni ha escuchado estas demandas”. Rechazaron también el intento que se urde en el Congreso Nacional, por reducir los derechos que se garantizan en el Convenio 169, señalando que “tampoco aceptaremos declaraciones Interpretativas que minimicen los estándares de reconocimiento de los derechos de estos pueblos”.
A juicio de Eduardo Giesen, representante de CODEFF, esta situación es una criminalización de las legítimas demandas de las comunidades. “Por ello, demandamos al gobierno terminar con esta situación de injusticia institucionalizada, asumiendo una política activa de respeto y defensa de los derechos humanos y ancestrales del pueblo mapuche”. “Creemos que su Gobierno, aún está en condiciones de efectuar cambios y promover una política activa de reconocimiento y diálogo, y puede hacerlo por la vía de responder a los requerimientos que le han planteado los Organismos Internacionales de los cuales el Estado forma parte”, afirman.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas impone al Estado de Chile el plazo de un año para atender a la demanda de tierras indígenas por la vía de la titulación de "las tierras antiguas", las que según expresa el Comité "continúan en peligro, debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía", lo que atenta contra los artículos 1 y 27 del pacto de Derechos Civiles y Políticos. “Es evidente que está en sus manos la restauración de la paz social en la Araucanía, por la vía de dar soluciones legales y democráticas a las demandas territoriales, políticas y culturales del Pueblo Mapuche”, concluyeron en su carta a la presidenta. Las organizaciones se dirigieron luego a la sede del Senado en Santiago para entregar una carta dirigida al Presidente de la entidad, senador Eduardo Frei.
Urgente desde las redes mapuche: Dos personas se encuentran detenidas en Angol, uno de ellos de sanPedro de la Paz en Concepciòn perteneciente a los grupos de apoyo porla huelga de hambre de los PPM.El otro, Alex Bahamondez del Movimiento Okupa de Osorno, dos hijos.La audiencia es hoy a las 19:00 hrs. en Collipulli, al parecer losacusan de incendios.
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