ERCILLA: Antes de que volviera a estallar el conflicto en el territorio mapuche, IPS llegó a la comunidad de Temucuicui, que lleva años denunciando persecución judicial y violencia policial por sus reivindicaciones ancestrales. En sus tierras, compartieron sus motivaciones, penas y esperanzas. "Me duele ver a mi tierra rodeada de carabineros (policía uniformada) ¿Por qué tengo que estar vigilado, controlado, preso en mi propio territorio?", se pregunta entre triste y encolerizado el "werkén" (portavoz) de la comunidad, Jorge Huenchullán, imputado de varios delitos al igual que otros comuneros de Temucuicui.
Según estadísticas de 2006, el pueblo mapuche (gente de la tierra, en lengua mapuzungun), está conformado por 922.833 personas, que representan 87,2 por ciento de la población indígena del país. Compuesta por 120 familias, Temucuicui (puente hecho de temu, un árbol) se ubica en una zona rural de la comuna de Ercilla, en la Araucanía. El día de esta entrevista, Jorge Huenchullán, de 30 años, debió conseguir 500 dólares para pagar la fianza de su hermano Jaime, artesano de 28 años que estuvo casi cinco meses en prisión preventiva por una de las seis causas que le sigue la justicia.
Jaime está imputado de atentado a la autoridad, atentado incendiario y amenazas y daños contra un vecino, el agricultor de origen suizo René Urban. Antes de ser aprehendido, estuvo 18 meses en la clandestinidad. Tanto él como la decena de comuneros de Temucuicui requeridos por la justicia se declaran inocentes. Debido a la gran cantidad de atentados sufridos por Urban en los últimos años, la justicia ordenó protección policial permanente para su predio. En un recorrido por el lugar, IPS comprobó la presencia de carabineros: una patrulla estacionada en un cruce cercano a la comunidad y un ómnibus con efectivos a la entrada del latifundio.
Para el pueblo mapuche, esto constituye la "militarización" de sus territorios. La esposa de Jaime, Griselda, de 27 años y madre de dos niños, exige que acaben los allanamientos policiales nocturnos en busca de pruebas y prófugos. "¿Hasta cuándo este sufrimiento? Yo sufro por mis hijos, que juegan a pelear y a esconderse de los carabineros, asustados. Los tengo en tratamiento psicológico porque lloran mucho, no duermen en la noche", dice entre lágrimas. Su angustia es tanta que teme que la maten por equivocación, mientras alimenta a sus cerdos o busca leña, asegura. Cuando su marido estuvo preso, sobrevivió gracias al subsidio de 40 dólares que le da el gobierno por sus dos hijos y a la solidaridad de conocidos.
Los Huenchullán crían animales y siembran papas, arvejas y habas para subsistir. "Producimos en poca cantidad porque no hemos podido trabajar tranquilos: entramos a la cárcel, salimos, vuelve otro 'peñi' (hermano) a entrar y hay que ayudarlo a salir", explica a IPS Jaime, ya en libertad.
Reivindicaciones
El werkén de Temucuicui afirma que cuando Chile consiguió la democracia en 1990, la comunidad echó a andar una "estrategia de recuperación de tierras ancestrales" perdidas a fines del siglo XIX, durante el proceso usurpatorio del Estado conocido como "Pacificación de la Araucanía". Hasta 2002, las 120 familias de la comunidad vivían en apenas 250 hectáreas. Tras numerosos enfrentamientos con la empresa Forestal Mininco, dueña del fundo que ellas reclamaban, la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) les restituyó el predio a través de su Fondo de Tierras.
Según la Conadi, Temucuicui recibió 1.937 hectáreas valorizadas en tres millones de dólares actuales. Desde 1990, el gobierno ha restablecido cerca de 500.000 hectáreas a comunidades mapuches. Y hoy existen 500 comunidades en proceso de compra. Pero Temucuicui reivindica otras 800 hectáreas, en manos privadas. Quieren recuperar todo lo que les pertenecía y no cejarán hasta lograrlo, advierte su werkén. Esta actitud le ha valido a la comunidad ser sindicada por la prensa como la más "radicalizada" del pueblo mapuche.
Los indígenas no han presentado nuevas solicitudes a la Conadi porque están cansados de las trabas burocráticas, dice Jorge, quien niega tajantemente que su comunidad tenga vínculos con grupos subversivos de izquierda, como han especulado en los últimos meses medios de prensa. En entrevista con IPS, el director de la Conadi, Wilson Reyes, de la etnia atacameña, reconoce limitaciones administrativas del Fondo de Tierras, pero aseguró que éste "ha ido dando respuestas". La postura de Temucuicui no es mayoritaria dentro del pueblo mapuche, pero sí "válida", aunque también es "compleja dentro del marco jurídico", agrega. Reyes enfatiza que la relación entre el Estado y los pueblos indígenas es un "proceso que ha ido madurando, no exento de dificultades" y que se está trabajando en los desafíos que restan.
Criminalización
Desde inicios de los 90, parte del pueblo mapuche comenzó protestas en demanda de mayores derechos territoriales, políticos y culturales, disconforme con la política "asistencialista" de la coalición de centroizquierda que gobierna hasta hoy. También cuestionaban que el Estado incentivara las inversiones forestales y las obras de infraestructura en su territorio ancestral, que comprende las sureñas regiones del Bío-Bío, la Araucanía y Los Lagos. Esto potenció los conflictos por la posesión de los recursos naturales, vitales en la cosmovisión indígena.
La respuesta estatal fue invocar severas leyes como la de Seguridad Interior del Estado y la antiterrorista, impuesta durante la dictadura (1973-1990). Según estimaciones de la agrupación mapuche Meli Wixan Mapu de Santiago, 500 miembros de este pueblo han sido procesados desde 1990 por delitos vinculados a reivindicaciones territoriales. Según el investigador Eduardo Mella, autor del libro "Los mapuches ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile", publicado en 2007, "el Estado ha reducido el conflicto a un plano meramente judicial", penalizando a los nativos para desmovilizarlos.
Entre 2003 y 2007, cuatro organismos internacionales han recomendado a Chile revisar la política penal aplicada a los pueblos indígenas, entre ellos el relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen. La madre de los Huenchullán, Ana Lucía Cayul, de 51 años, asegura a IPS que durante un allanamiento policial fue amarrada a un poste fuera de su casa mientras los uniformados registraban su vivienda. "Fue como una hora, me desmayé y me tiraron agua, me mojaron entera", recordó.
Decenas de denuncias como ésta fueron constatadas en enero de 2007 por una misión internacional convocada por el no gubernamental Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con representantes de Amnistía Internacional, la Ayuda Popular Noruega y el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, entre otros. Los comuneros aseguran que los uniformados, no siempre portando órdenes judiciales, ingresan violentamente a sus casas, destruyen enseres y objetos de valor cultural, maltratan a ancianos, mujeres y niños, no dudan en utilizar armas letales y profieren epítetos racistas.
Carabineros, a través de su departamento de comunicaciones, declinó responder las preguntas de IPS. Pero la institución ha enviado señales públicas: acaba de crear un grupo especial para enfrentar la violencia en la Araucanía, desatada poco antes del asesinato del joven universitario Matías Catrileo, el 3 de enero, baleado por la policía mientras participaba con un grupo de comuneros en la toma de un predio privado. Ese hecho y la huelga de hambre de más de 100 días de una activista de la causa mapuche encarcelada, han desatado declaraciones y manifestaciones de organizaciones mapuches y de la sociedad civil chilena.
El defensor penal mapuche Ricardo Cáceres no habla directamente de persecución judicial contra Temucuicui y otras comunidades, pero cuestiona la violencia policial y la parcialidad de algunos fiscales. Según contó a IPS, en una de las causas contra Jorge Huenchullán, el fiscal a cargo de la investigación supo 15 días antes que la defensa que éste nunca había estado en el lugar de los hechos imputados, pero no pidió de inmediato una audiencia para revisar su prisión preventiva. Ante la reactivación de la movilización en la Araucanía, el gobierno de Michelle Bachelet decidió crear una mesa de trabajo interministerial, que evaluará las políticas hacia los pueblos indígenas. También anunció el nombramiento de un coordinador con amplias facultades para llevar adelante el proceso.
El gremio de los agricultores, principal afectado por los hechos de violencia, pidió al gobierno desarticular a los "grupos violentistas" que operan dentro del pueblo mapuche y llamó a resolver el problema de fondo que, desde su perspectiva, es la "pobreza y marginalidad" de los nativos. "Nuestro sueño es vivir libres, que se respeten nuestros derechos y la forma de vida que llevamos como mapuches; no más persecución, no más encarcelamiento de nuestra gente, restituir nuestros territorios y vivir como nación autónoma. ¡Marichiweu! (Diez veces venceremos)", concluyó el werkén de Temucuicui. (IPS)
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