DEROGAR la Ley Antiterrorista

CAMPAÑA POR LA DEROGACION DE LA LEY ANTITERRORISTA
Y LA LIBERTAD INMEDIATA DE LOS PRESOS POLITICOS MAPUCHE

La Ley Antiterrorista en Chile tuvo su génesis durante la Dictadura del General Pinochet con el objetivo de perseguir e inclusive aniquilar al movimiento opositor. Posterior a este periodo la Constitución de la Republica de 1980, continua vigente, salvo mínimas modificaciones que no cambian su espíritu fascista. La vigencia de la Ley Antiterrorista, así lo confirma.

Los sucesivos Gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia han demostrado su falta absoluta de voluntad política y al contrario han gobernado apegados a ella, cómodamente, teniendo, inclusive, el descaro de aplicar dicha Ley, en contra del Pueblo Mapuche.

Hace ya una década, en el contexto del llamado Conflicto Mapuche, en una actitud desesperada, irracional, racista y discriminatoria; y políticamente imprudente, el Gobierno de Chile, encabezado por el Sr. Ricardo Lagos Escobar, a través, del Ministerio Publico se querella en contra de varios comuneros mapuche y exige a los Tribunales de Justicia la aplicación de la Ley Antiterrorista.

Desde una óptica jurídica se lleva adelante la aplicación de una Ley de carácter fascista que no tiene correspondencia con los hechos ocurridos, considerando dos elementos fundamentales:

1.- La Ley Antiterrorista no se puede aplicar en el contexto de un conflicto entre particulares, como lo es en el caso del Incendio del Fundo Poluco Pidenco, puesto que este no es un atentado a bienes públicos que afecten a la comunidad en general.

2.- Dichos hechos tampoco tienen una connotación terrorista en tanto no afectaron vidas humanas.

Esta claro que en este caso, como lo fue también en el Juicio llevado en contra de la Coordinadora Arauco Malleco por Asociación Ilícita Terrorista, que ambas situaciones no tienen carácter terrorista, así lo confirman innumerables hechos posteriores, como por ejemplo, la absolución de todos los miembros de la CAM acusados en dicho juicio y el posterior proceso contra José LLanquileo, el que después de varios años clandestinos fue capturado y acusado sólo por incendio simple (cinco años).

Estos hechos nos confirman que evidentemente la Aplicación de la Ley Antiterrorista fue un error jurídico, sin embargo, la responsabilidad política de su aplicación recae en el Poder Ejecutivo, en tanto, fue este quien solicitó expresamente su aplicación.

Si bien, en la actualidad, existe un compromiso parcial de parte de la Presidenta Bachelet, de no volverla a aplicar, nadie nos garantiza que a futuro, es decir, con una nueva administració n esta no se aplicará en contra no solo del Pueblo Mapuche sino que también en contra del Pueblo Chileno y sus protestas sociales.

Es por esta razón que exigimos:

LA ABOLICION DE LA LEY ANTITERRORISTA