¿Chile al Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

CHILE AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU: ¿LOGRO O DESAFÍO?

El 21 de mayo, en momentos en que Bachelet presentaba su cuenta anual ante el Congreso Nacional en Valparaíso, Naciones Unidas formalizaba la incorporación de Chile en su Consejo de Derechos Humanos.

Cabe recordar que el recientemente creado (2006) Consejo de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por 47 Estados miembros de esa entidad, y es el responsable de promover el respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Dicho Consejo tiene por mandato, además, ocuparse de las situaciones de violación de los derechos humanos y formular recomendaciones para asegurar su protección y respeto.

Como sabemos, el gobierno de Bachelet desarrolló una fuerte campaña internacional para lograr la integración de Chile en este Consejo. El Ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, señaló que la decisión de la ONU de formalizar el ingreso de Chile al Consejo "representa un reconocimiento a un país, a un gobierno que ha sido muy claro en promover la defensa de los derechos humanos, no sólo en Chile, sino en el mundo".

Aunque diversas organizaciones ciudadanas han condenado la incorporación de Chile a dicho Consejo, pensamos que ella resulta valorable desde la perspectiva de derechos humanos. Ella debe asumirse, a nuestro entender, más que como un reconocimiento de los avances del Estado chileno en esta materia que por cierto han existido luego de haber trascurrido casi dos décadas desde el término de la dictadura -, como una oportunidad para asumir los numerosos y graves déficits que Chile mantiene en este ámbito.

En efecto, como las autoridades de gobierno no pueden desconocer, las limitaciones de Chile en el campo de los derechos humanos son numerosas. Ellas tienen que ver tanto con la institucionalidad del Estado, como con las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de la Concertación. Tales limitaciones han sido representadas no solo por las organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos del país, sino también por diversos órganos de las propias Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el plano institucional Chile no cuenta hasta la fecha con una institución nacional de derechos humanos, o un Defensor del Pueblo u Ombudsman que vele por la protección de los derechos de los ciudadanos. Más grave aún, el sistema electoral binominal no garantiza que los individuos tengan una adecuada representación parlamentaria en el ejercicio de sus derechos de participación política. Por otro lado, persiste la jurisdicción de los tribunales militares para procesar a civiles por cuestiones civiles. Además, los pueblos indígenas y sus derechos no han sido hasta la fecha reconocidos por la Constitución Política del Estado.

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