En Chile: el libre ejercicio del derecho a la reunión, garantizado por la Constitución y por tratados internacionales de los que Chile es parte, se encuentra restringido en el país por el decreto supremo N°1.086, dictado por Pinochet en 1983 y sin la intervención del parlamento para reprimir las manifestaciones de los disidentes a su régimen.
Este antidemocrático e inconstitucional decreto obliga a pedir autorización a las respectivas intendencias cada vez que se ejerza este derecho sigue estando vigente a casi 20 años del fin de la dictadura.
No cabe el argumento de la ausencia de mayorías parlamentarias para legislar, ya que basta con la promulgación de un nuevo decreto, de carácter presidencial, para abolirlo.
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