Los pueblos y nacionalidades amazónicas del Perú se opusieron a la intención del gobierno de Perú de eliminar el carácter imprescriptible e inalienable de nuestros territorios comunitarios y facilitar el ingreso de las empresas petroleras y minerales, bajo exigencia del Tratado de Libre Comercio.
En lugar de sostener un diálogo serio y responsable, el presidente García trató a los pueblos originarios como minoría subversiva que afecta a la entrega de los recursos naturales.
El paro de 60 días de estos pueblos solo ha tenido como respuesta la militarización y la declaración del Estado de Emergencia. El Presidente García ha decretado 48 horas para el exterminio total, orden que se ha cumplido de manera inmediata con bombardeos, el asesinato de más de mil indígenas, cientos de heridos de los hermanos Wampis, Awajun y desaparecidos; y se desconoce el número de bajas de los efectivos del gobierno. Además se conoce la muerte de 7 líderes dirigentes Wampis y Awajun, de la prisión de numerosos alcaldes del departamento de Amazonas y la muerte de dos periodistas independientes.
Los días 6 y 7 de junio, los asesinatos han continuado a lo largo del río Santiago, y el ejército ni siquiera permite que los familiares rescaten los cadáveres, los cuales son quemados y lanzados a los ríos para mantener la falsa imagen de que los muertos son de las fuerzas militares peruanas y no de la población civil. El ataque del ejército peruano, por medio de la fuerza terrestre, aérea y fluvial, se realiza sobre una población indefensa, enfrentando armas con bombas y matando ancianos, niños y mujeres a las comunidades que viven en las fronteras con Ecuador.
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